Las empresas del ex presidente estadounidense Donald Trump inflaron el valor de sus propiedades o distorsionaron a su conveniencia su valor ante financieras, inversores, aseguradoras y otros actores económicos y del sector inmobiliario, según un informe de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicado hoy por la prensa local.
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El informe, de 160 páginas y del que se hicieron eco los diarios The New York Times y The Washington Post, entre otros medios, asegura haber hallado una cantidad notable de supuestas discrepancias entre la situación real de las propiedades del ex presidente y lo declarado a entidades financieras, aseguradoras y al mismo Servicio de Rentas Internas (IRS, encargado de la recaudación de impuestos), para conseguir ventajas y millones de dólares en ahorros fiscales.
Con este informe, James pretende apoyar su petición para que tanto Donald Trump como sus hijos tengan que testificar en el caso que tienen abierto en los tribunales de Nueva York, y en el que son objeto de una intensa investigación por la posibilidad de que la OrganizaciónTrump, que aglutina a las empresas del expresidente, haya cometido fraude en sus actividades entre 2004 y 2020.
Donald Trump, por su lado, trata de evitar que la Fiscalía lo interrogué a él o a sus hijos por la contabilidad de sus empresas, y ha acusado a James de estar llevando a cabo una “caza de brujas” impulsada por motivaciones partidistas, ya que la fiscal demócrata se postula para la reelección este mismo año.
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Según palabras de James, recogidas por The New York Times, las declaraciones erróneas del ex presidente republicano inflando el valor de sus propiedades formarían parte de un patrón para sugerir que su patrimonio neto era mucho más alto de lo que hubiera parecido.
Pese a todos los informes y documentos incriminatorios presentados, la fiscal general insiste en la necesidad de hacer declarar tanto al ex presidente como a sus hijos Ivanka y Donald Junior, para aclarar quién es el responsable de estos errores y omisiones, y si se cometieron de forma intencionada, con el fin de determinar si esto fuera constitutivo de un delito por fraude.
